CAOS EN EL TRANSPORTE PUBLICO

Publicado con autorización de MARCO A GANDASEGUI:

El 23 de octubre se conmemoró el primer aniversario del trágico incendio del bus de transporte colectivo en plena ciudad de Panamá que cobró 18 vidas inocentes. Las autoridades (del país) aún no han dado a conocer oficialmente las causas del accidente, tampoco han identificado a los responsables ni propuesto soluciones a la caótica situación del transporte en el país, especialmente en la capital.El incendio fatal fue provocado, según se informó, por un desperfecto del sistema de aire acondicionado del vehículo. Muchos buses continúan operando con sistemas similares. En general, la planta de vehículos utilizados en Panamá no cuentan con sistemas de seguridad. La mayoría son desechos del sistema de transporte escolar de EEUU. Los buses escolares norteamericanos fueron concebidos y construidos con fines totalmente ajenos a un sistema de transporte colectivo urbano. A pesar de que son "trampas de muerte", tienen la ventaja de que constituyen un excelente negocio para los "inversionistas" protegidos por los gobiernos de turno.Intereses que operan abiertamente mantienen un simulacro de organización que se fundamenta sobre grupos informales (fuera de la ley) que controlan el sistema de transporte. No existe instancia formal, en el gobierno o en cualquier otro nivel, que conozca el número de vehículos que están circulando, sus condiciones materiales, situación legal, la lógica de las rutas, la cantidad y diversidad de los pasajeros que circulan según la hora y el día.La pregunta que todos se hacen es ¿quién es responsable de esta situación? La respuesta queda siempre en el aire. Por un lado, es notorio que los principales responsables son los gobiernos de turno que han convertido el trasporte público en un instrumento de control político (basado en la corrupción). Tampoco se escapan de la responsabilidad los propietarios de los buses que son victimarios y víctimas, a la vez, de un sistema injusto y que ha terminado convirtiéndose en asesino. Por último, todos los panameños somos responsables al no tener la capacidad política (como en otros países) de organizar un sistema de transporte decente.En la actualidad, gobierno y transportistas negocian abiertamente sobre los términos de su relación. En la Asamblea Nacional se discuten leyes que benefician a los "empresarios" de adentro y de afuera. Los intereses de los 700 mil panameños que usan el servicio urbano son ignorados. El gobierno gastará B/.160 millones en una "Cinta Costera" que redundará en beneficios millonarios para los "inversionistas". Sin embargo, no puede invertir una suma igual o similar que ponga orden en el sistema de transporte que contribuya al desarrollo del país y al bienestar de su población.Para resolver el problema del transporte público es necesario tener un plan de desarrollo mínimo que es rechazado de plano por gobierno y oposición. El plan de desarrollo urbano, que ha sido engavetado por todos los ministros de Vivienda, tendría que definir estrategias, objetivos y metas relacionados con la gente que utiliza el transporte público. Sobre la base de este conocimiento se deben aprobar las inversiones, las rutas y el tipo de vehículos que circularán en las zonas urbanas del país.Ciudades portuarias latinoamericanas, similares en tamaño y topografía a Panamá, como San Juan (Puerto Rico) y Valparaíso (Chile), han actuado recientemente y resuelto su problema. Megaciudades portuarias como Buenos Aires y Río de Janeiro procedieron con éxito hace años.