Como profesional del derecho y persona actualizada en los procedimientos en materias como protección, abuso, maltrato y abandono del menor entre otros, sé que el reconocimiento de la condición de ciudadano en las personas menores de edad implica a su vez el reconocimiento de sus derechos y deberes fundamentales como la única vía posible para contar con una sociedad a futuro, conformada por personas a las cuales se les hizo participes del proceso de transformación del Estado. Estos derechos y deberes se pueden traducir en la efectividad de una vida saludable, una nutrición adecuada y un equilibrio emocional necesario dentro de la familia y la comunidad, respetando y reconociendo al mismo tiempo los derechos de los demás.
La efectividad del principio de Igualdad de Oportunidades como base del modelo económico que se adopta a nivel globalizado, requiere más que nunca que el individuo desarrolle sus capacidades de manera progresiva desde la infancia hasta llegar a su madurez. Somos conscientes de los cambios que tenemos que dar en la visión de las políticas públicas que se desarrollan por el Estado, por ello apoyo la iniciativa de un Código de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia cuyo marco normativo general fija garantías en el ejercicio de los derechos y deberes de las personas menores de edad, estableciendo disposiciones sustantivas y procesales como mecanismos de exigibilidad para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, deberes y garantías en el caso de ser necesario reestablecer derechos vulnerados.
El modelo de protección actual ubica a las personas menores de edad como un problema social que requiere de cuidado, ubicándolos como un sujeto que no cuentan con criterio propio para la toma de decisiones, por lo tanto se les niega su participación en la búsqueda de la solución del problema, no permitiendo que el mismo construya soluciones efectivas y desarrolle su carácter. La Protección Integral es definida como un sistema conformado a su vez por subsistemas, legal, familiar, administrativa y judicial que tiene como finalidad el fortalecimiento del rol de la familia en la realización efectiva de los derechos y deberes de nuestra niñez y adolescencia, generando las condiciones necesarias que permitan su inclusión social. Este proyecto abarca no sólo conceptos fundamentales y directrices generales, sino que deja claro la cadena de responsabilidades entre la familia, la comunidad y el Estado, como instrumentos para desarrollar eficazmente dichas políticas públicas.
El modelo de protección presentado y actualmente en discusión por todos los estamentos de la sociedad se encamina al reconocimiento efectivo de las personas menores de edad como “Sujetos Plenos de Derechos y Deberes” y protagonistas de su desarrollo, lo cual si implica replantear la relación persona adulta – persona menor de edad, caracterizándose por el respeto mutuo de los involucrados. Démosle valor a las normas ratificadas como la Convención de los Derechos del Niño para que no queden como letra muerta asumiendo los compromisos necesarios. Para un análisis de fondo les recomiendo los libros de Edson Seda entre ellos su última obra “Yo Niño”. Los niños son buenos para la democracia, es hora de romper paradigmas. La autora Jacinta Baloy es abogada y asistente administrativa de Magistrado.
La efectividad del principio de Igualdad de Oportunidades como base del modelo económico que se adopta a nivel globalizado, requiere más que nunca que el individuo desarrolle sus capacidades de manera progresiva desde la infancia hasta llegar a su madurez. Somos conscientes de los cambios que tenemos que dar en la visión de las políticas públicas que se desarrollan por el Estado, por ello apoyo la iniciativa de un Código de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia cuyo marco normativo general fija garantías en el ejercicio de los derechos y deberes de las personas menores de edad, estableciendo disposiciones sustantivas y procesales como mecanismos de exigibilidad para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, deberes y garantías en el caso de ser necesario reestablecer derechos vulnerados.
El modelo de protección actual ubica a las personas menores de edad como un problema social que requiere de cuidado, ubicándolos como un sujeto que no cuentan con criterio propio para la toma de decisiones, por lo tanto se les niega su participación en la búsqueda de la solución del problema, no permitiendo que el mismo construya soluciones efectivas y desarrolle su carácter. La Protección Integral es definida como un sistema conformado a su vez por subsistemas, legal, familiar, administrativa y judicial que tiene como finalidad el fortalecimiento del rol de la familia en la realización efectiva de los derechos y deberes de nuestra niñez y adolescencia, generando las condiciones necesarias que permitan su inclusión social. Este proyecto abarca no sólo conceptos fundamentales y directrices generales, sino que deja claro la cadena de responsabilidades entre la familia, la comunidad y el Estado, como instrumentos para desarrollar eficazmente dichas políticas públicas.
El modelo de protección presentado y actualmente en discusión por todos los estamentos de la sociedad se encamina al reconocimiento efectivo de las personas menores de edad como “Sujetos Plenos de Derechos y Deberes” y protagonistas de su desarrollo, lo cual si implica replantear la relación persona adulta – persona menor de edad, caracterizándose por el respeto mutuo de los involucrados. Démosle valor a las normas ratificadas como la Convención de los Derechos del Niño para que no queden como letra muerta asumiendo los compromisos necesarios. Para un análisis de fondo les recomiendo los libros de Edson Seda entre ellos su última obra “Yo Niño”. Los niños son buenos para la democracia, es hora de romper paradigmas. La autora Jacinta Baloy es abogada y asistente administrativa de Magistrado.
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